El contrato estatal de prestación de servicios es un instrumento que ayuda a la Administración a satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. A partir de su regulación, en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se indica que estos contratos sólo pueden ser celebrados con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Este tipo de contrato no genera relación laboral ni la obligación del pago de prestaciones sociales y se celebra por el término estrictamente indispensable.
No obstante, en muchos casos, la suscripción de un contrato estatal de prestación de servicios no corresponde a la realidad, pues las condiciones en que se ejecuta la vinculación deja en evidencia que lo que se busca es encubrir una verdadera relación laboral.
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de octubre de 2022, recordó cuáles son los criterios que permiten identificar la existencia de una relación laboral encubierta por contratos estatales de prestación de servicios, siendo estos:
- Los estudios previos.
- La continuada subordinación del trabajador.
- La prestación personal del servicio.
- La remuneración.
Específicamente, el elemento de la subordinación o dependencia del trabajador, constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de la prestación de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle el empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. (SENTENCIA 76001233100020110082101 (21432018) del 27 de octubre de 2022. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
